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Por PEPE ELIASCHEV
La discusión por los recursos es central. Supera en trascendencia, la vocinglería de las legítimas pulseadas libradas en nombre de políticas e ideologías. El uso de las reservas del Estado, la discrecional disponibilidad de los gravámenes que cobra la Casa Rosada pero no distribuye entre las provincias, y la sistemática negativa oficial a admitir que la Argentina padece hoy una inflación superior al 20% anual, son las claves del momento. Es indispensable concentrarse en ellas.
Para definir el destino del impuesto al cheque el Gobierno ya ejerce una áspera presión ante la posibilidad de deserciones oficialistas en el Senado. Llega incluso a intimidar gobernadores con que se les recortara asistencia financiera si no se pliegan a la vocación unitaria de la Casa Rosada.
El Gobierno puso en marcha una fuerza de tareas para conseguir que los gobernadores justicialistas que impulsan el reclamo para coparticipar el producido del impuesto al cheque, den marcha atrás. Una ley del Congreso que obligue al Ejecutivo a compartir los $ 10.000 millones de ese impuesto para que se transfieran directamente a las provincias, sería una trompada feroz para las arcas oficiales.
DESERTORES
El misionero Luis Viana, el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Marcelo Guinle son los senadores oficialistas que votarían para que ese impuesto lo disfrute todo el país y no se quede en la Plaza de Mayo, intención que también se les adjudica al pampeano Carlos Verna y a la santafesina Roxana Latorre. Mañana lunes, la Quinta de Olivos abre sus puertas para que Cristina Kirchner les cuente a sus gobernadores, senadores y diputados cómo gasta los $ 12.000 millones anuales del Programa de Asistencia Financiera (PAF) usado para obturar agujeros fiscales de las provincias. Los Kirchner son eficaces en lo suyo y varios gobernadores ya aceptaron borrarse de la puja por un nuevo reparto de ese impuesto, como los ultra kirchneristas José Alperovich y José Luis Gioja.
Mientras pelea con belicosidad llamativa para quedarse con esos $ 10.000 millones que se les saca escandalosamente a ciudadanos y empresas que libran o cobran cheques (una primitiva norma, rabiosamente anticapitalista), el Gobierno acelera los rasgos finales del tantas veces proclamado canje de la deuda pendiente, con una oferta de dinero superior a la esperada en los ámbitos financieros.
Cuando faltan días para salir a los mercados, la propuesta oficial incluiría el pago de los intereses atrasados y por el cupón PBI entregado en 2005. Los Kirchner procuran conseguir una masiva adhesión de los bonistas a la oferta para canjearles bonos defaulteados tras la operación de 2005 piloteada por el entonces ministro Roberto Lavagna. La certeza de que los Kirchner abrirán mucho las billeteras del Estado se advirtió en la reciente asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo de esta semana en Cancún, y de la que participó el ministro Amado Boudou.
¿Cómo sería la mejora? Pagando intereses generados desde el canje de 2005 a los bonistas que no aceptaron ingresar, más los dividendos del cupón PBI, que paga según la evolución de la economía. Se trata de US$ 20.000 millones en bonos en manos de los que se quedaron ellos hace cinco años porque la quita les parecía excesiva. Boudou entusiasma a los Kirchner con que el 75% de los bonistas aceptarán la jugosa oferta.
Incluso los exponentes más rústicos del peronismo setentista, como el diputado Carlos Kunkel, reiteran ante cualquier micrófono que "no hay ninguna duda de que vamos a pagar con las reservas, reservas que nosotros (sic) acumulamos con este gobierno responsable a lo largo de siete años". Kunkel cree que esas reservas son mérito especial y propiedad del Gobierno, y que la Casa Rosada puede apelar a ellas legítimamente: "encontramos al país con US$ 8.600 millones de reservas y hoy tenemos (sic) cerca de US$ 50.000 millones", se entusiasma.
INFLACION
Tanta rispidez y disputas no consiguen eclipsar la candente brasa de la inflación, una polémica inevitable en un país donde el costo de vida crece muy por encima de la capacidad adquisitiva del salario, mientras el Gobierno niega taxativamente que haya inflación. Para el eje Plaza de Mayo-Olivos-Calafate hay reacomodamientos propios de la dinámica social, pero no inflación.
Roberto Feletti, escudero de Boudou en Economía, y el diputado Héctor Recalde, alineado con Hugo Moyano en la CGT, defendieron en estas últimas horas a la Presidente, luego que el Gobierno y sus espadas más dispuestas se afanaron por morigerar las crudas afirmaciones de Moyano.
El líder sindical hace ya mucho tiempo que se ríe a carcajadas del mundo feliz que pinta el Indec. Feletti balbuceó que "la apuesta firme del Gobierno es defender un piso de ingresos mínimo para que la gente pueda consumir. Se ha tenido una política de ingresos para todos los sectores". Y de inmediato, aunque faltan dos meses para que el gobierno de los Kirchner cumpla siete años en el poder (el mandato más extenso después de Carlos Menem, que fue de 10 años, y del primer Perón, que fue de nueve), este funcionario tuvo necesidad de refugiarse en el pasado: "el problema es que estamos topándonos con un poder económico concentrado que ve que queda un año y medio de gobierno y tensiona en ese punto".
Para Recalde, laboralista que opera como cerebro político-legislativo de Moyano, hay inflación debido a "las exorbitantes ganancias" obtenidas por las empresas. Según él, todo se explica porque "hay inflación por ganancias. Hay algo antisocial y es que muchos empresarios por desconfianza aumentaron precios. Tienen tasas de rentabilidad exorbitantes, de más de 50% anual. Tras siete años de kirchnerismo realmente existente, Recalde se queja de que "el costo laboral está tan bajo como hace cinco años".
Pero lo cierto es que el Gobierno falsea la información estadística del Indec, alejando inversiones importantes y consolidando una pobreza social creciente, con una inflación que progresa, carcome el salario, las jubilaciones y los planes sociales, y con la que se propone financiarse el Gobierno para tapar sus agujeros fiscales.
Si bien el razonamiento favorito de los Kirchner es que la opción a cancelar deuda externa con recursos presupuestarios sería achicar el gasto social (perjudicando a los sectores de menores ingresos), el Gobierno no convence porque no puede evitar que manteniendo ese gasto previsto, no se produzca igualmente un retroceso de los más pobres.
VULNERABLES
Para la opinión ponderada y seria de SEL Consultores, "el gasto público social tiene una función redistributiva y de igualación de oportunidades, cuyo objetivo no son sólo más pobres, sino que se hace extensiva a una parte no menor de la clase media".
Como la inflación, sobre todo en el rubro alimentos, castiga de lleno a los hogares más pobres, donde el ingreso es mucho más precario, por lo cual "de las iniciativas públicas recientes, la más importante es la asignación universal por hijo (...) dirigida a los desocupados, los trabajadores informales que ganan menos del salario mínimo, y al servicio doméstico (...), hogares que, por la condición laboral de sus miembros, están en una situación de vulnerabilidad social, en muchos casos de indigencia" explica el informe. Sus conclusiones son escalofriantes: "más de 35% de los niños sin asignación antes de que el programa arrancara, pertenecen a hogares del 10% de menor ingreso per cápita".
Con una asignación por hijo de $ 180, ($ 144 directos y $ 36 depositados en una cuenta a nombre del titular y de la que pueden retirar dinero una vez al año, cuando demuestre que el niño concurrió a la escuela durante el ciclo escolar y cumplió con el plan de vacunación), la realidad inflacionaria es abrumadora. La asignación universal por hijo comenzó a fines de octubre de 2009, pero la inflación acumulada ya es de 8.5%. Respecto del costo de vida, esta plata para los hogares más frágiles sufrió una caída de 7.8% en su poder adquisitivo.
Pero la pérdida es mucho más perniciosa si en los hogares indigentes o cercanos al estado de privación extrema, se compara con la canasta básica de alimentos. Desde noviembre, cuando comenzó a pagarse la asignación por hijo, esta canasta, calculada con los precios verificados de manera independiente, aumentó 19.3% y hasta el Indec ya admite un aumento del 9.8%.
En resumen, en los cuatro meses de vida del plan, la asignación universal por hijo perdió más de 16% de su capacidad adquisitiva de alimentos básicos. La inflación de la canasta básica se tragó ya más de la mitad de la mejora del ingreso familiar por la asignación universal por hijo.
Conclusión inescapable: "el resultado de esta pérdida es que, para la familia tipo en situación de vulnerabilidad social, la proporción de la canasta básica de alimentos que permite comprar la asignación por hijos, disminuyó de 37.2% en el mes de noviembre, a 31.2% en febrero". Un cálculo optimista, según el cual desde esta semana hasta fin de año el aumento del costo de vida sería del 1,5% mensual, la mejora del ingreso de una familia-tipo por esa tan elogiada asignación universal para sus hijos se habrá diluido totalmente.
Mantener un fuerte y desorbitado gasto público social no impide un ulterior castigo a los más pobres, víctimas centrales e impotentes de la inflación que niega el Gobierno, como si en el fondo la justificara y deseara. Por eso, hoy más que nunca, ¿qué es ser progresista en la Argentina?
www.pepeeliaschev.com Artículo publicado en el Suplemento Séptimo Día del diario El Día del 29/03/10 www.eldia.com
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