¿Reforma Política o reconstrucción de la cultura política?

Parte de la complejidad y del atractivo de analizar un sistema político, es su dinámica. En cualquier democracia regularmente constituida, el sistema político es relativamente abierto al estar sometido permanentemente a la consideración de la opinión pública y -por supuesto- a la auditoría de hecho que implican las elecciones periódicas. Y tanto el cambiante humor popular, como los procesos de selección de representantes plasmados en los recurrentes ciclos electorales si bien son esenciales al sistema, constituyen elementos de exigencia que lo ponen a prueba.

En cómo se procesa esa tensión entre el  aparato de representación política y la ciudadanía, puede verificarse la calidad del sistema político. Así vistas las cosas, la apertura, que es parte de la riqueza de la democracia (porque demuestra la disponibilidad del poder público a la decisión soberana), es también una fuente natural de tensión para  ?la arquitectura institucional?.

Argentina viene sufriendo desde la restauración democrática de 1983 un proceso de re-configuración de su sistema político, que es señalado de manera cada vez más acentuada como inadecuado por cualquier encuesta  medianamente representativa.

La re-configuración tiene dos caras. Una de ellas la cualitativa, en el sentido de la percepción creciente de que la gestión ininterrumpida del Estado por parte de los actores políticos libremente elegidos ha venido añadida a una cierta pérdida de ?calificación política? que alcanzaría a todas las fuerzas políticas. Sobre este aspecto -muy machacado- es difícil avanzar, porque en verdad no es claramente apreciable si tal ?pérdida de calidad? existe o en cambio lo que sucede es que es la primera vez que la democracia en Argentina ha evolucionado un tiempo tan largo y por tanto poniendo en juego todo su potencial y sus limitaciones, o las cuestiones contextuales han dañado las capacidades estatales de actuación y con ello la valoración pública de la política (no sólo en Argentina), o por último es posible que exista una cierta nostalgia de un mundo político pasado algo míticamente sobrevalorado.

Lo que sí es cierto, es que comparado nuestro sistema político como tal con otros de la región, queda claro que Brasil ha dado un salto adelante al re-ordenar su sistema en clave nacional e ir gradualmente hacia el fin del chantaje parlamentario que dominó sus primeros años de democracia; Uruguay en dos momentos claves del ciclo democrático (la crisis Argentina y la asunción del Frente Amplio) dio muestras sobradas de responsabilidad política (como sinónimo de calidad); el caso de Chile es algo extraño por la enorme disociación entre dinámica social y política[1], pero igualmente destacable en términos de solidez sistémica. Asimismo hay pasos adelante en la calidad del sistema de partidos en Paraguay y Perú y el caso de Bolivia está fuera del marco de análisis del resto de los países al constituirse un gobierno verdaderamente fundacional. En cualquier caso, Argentina que desde los años 20 del siglo pasado tenía un sistema de partidos consolidado, ha retrocedido a formaciones políticas generalmente de base personal, sin referencias sólidas de programa, que se re-arman elección tras elección y que por tanto no pueden constituirse en referencia transparente y confiable de la ciudadanía.

La otra cara de la re-configuración es la estrictamente funcional. Más allá de lo bueno o lo malo que nos parezca un sistema, también es importante saber si funciona o no. Y en este caso ?funcionar? es si sirve a tres fines: a) hace posible la representación, es decir cumple el primer requisito democrático de permitir que las instituciones políticas operen como reflejo de la voluntad política ciudadana; b) si permite el ejercicio del poder público, o sea si la constitución y funcionamiento de las instituciones políticas permite fluir las decisiones o constituye un nudo insalvable; c) si haciendo posible la representación y permitiendo el ejercicio del poder público, también da lugar al control razonable del ejercicio de tal poder.

Esos tres puntos, funcionales, están en razonable duda, dentro de nuestro sistema político actual. Y la reconstrucción de esas funcionalidades es tarea primaria de los partidos políticos.

Veamos algo de la evolución del sistema estos últimos años. Es una transformación muy marcada, desde un sistema bipartidario con algunas pocas expresiones políticas de base provincial muy representativas hacia un sistema político de alta dispersión (en las dos últimas elecciones presidenciales hubo más de 4 candidatos realmente competitivos, hay más de 700 partidos políticos), en el que el rol rector de los partidos ha quedado absolutamente menguado, en un triple sentido: a) como imposibilidad de ofrecer una línea política; b) débil frente al poder emergente de base territorial de gobernadores e intendentes; y c) como espacio de reclutamiento del funcionariado de primera línea de un eventual gobierno de cualquier signo.

No vamos a ahondar en el origen de la transformación (que daría para una investigación), ni siquiera a comparar ambos modelos, simplemente señalar (a los fines que nos importa, que es ver cómo resolver positivamente para los intereses mayoritarios la agenda post-kirchnerista), que el modelo de organización política no es neutro a la hora de la toma de decisiones. A modo de ejemplo, si los partidos son débiles y no están en condiciones de garantizar cuadros de gestión, la coptación del poder público desde la conformación de gabinetes está al alcance de la mano. O al revés, la ruptura de la disciplina estricta, le puede dar mayores oportunidades a reivindicaciones de base geográfica.

Reconocer la condición ?no neutral? del sistema, nos lleva a pensar de qué modo articular un sistema político que cumpla con los objetivos primordiales de una democracia calificada (representación adecuada, apertura de la agenda pública, mediación inteligente y política de los conflictos sociales, etc). La reforma que ha impulsado el gobierno (impugnada ahora por partidos afectados por la misma), tiene en su imaginario la reconstrucción del modelo de  bipartidismo atenuado que teníamos, sin demasiada reflexión sobre los motivos de su extinción.

Si bien la Ley instituye una serie de estímulos muy potentes en el sentido de aquel objetivo, no va a poder dar cuenta de algunos elementos centrales de nuestra cultura política que tiende crecientemente a ?licuar? cualquier sistema.

Por lo menos cinco son centrales a la hora de obstaculizar la reconstrucción de un sistema político, más estable, previsible, permeable y competente para las finalidades de calidad democrática antes señaladas.

1.- Particularismo. En casi todo el mundo occidental, una consecuencia de la ?política de imágenes? es la primacía del sujeto-actor político, sobre el ?colectivo?. La tendencia está medida por encuestas de modo inequívoco y la presión de la necesidad de ?materializar un sujeto que encarne un mensaje? ha devenido desde exigencia del marketing político a ser un elemento de corrosión de los partidos políticos, como estructuras que deben exceder su función de contendiente electoral. En Argentina esa tendencia se ve muy amplificada, con casos extremos de actores políticos que crean una fuerza política distinta en cada elección, en la convicción que lo central es el lugar del liderazgo personal. Las expresiones políticas así constituidas (por temporada) son redes relacionales débiles que no cuentan con la imprescindible amalgama de debates históricos, mecanismos formales o informales de control del ascenso político en la estructura, sentimiento de pertenencia y sentido trascendente de la actividad política. Por tanto inclusive (eventualmente) siendo poderosas fuerzas electorales, luego se ven impedidas de materializar su programa.

La superación del particularismo no ocurrirá por mera voluntad, ni por estímulos legales. Requiere que quienes piensan la política como actividad colectiva, asuman la construcción política como un ejercicio cívico en el que formar parte de un partido no es sólo una seña de identidad, sino el modo de canalizar (más o menos) racionalmente el proceso de enriquecimiento del sistema político (brindando alternativas, controlando al gobierno, proveyendo cuadros cuando se es oficialismo).  

2.- Primacía del conflicto. En Argentina el acuerdo político ?no paga? y todo acuerdo es re-leído como un negociado político. Ello arrastra al sistema político a un desgastante modelo (para todos) de confrontación ilimitada. Los antecedentes muestran que la sociedad es más proclive a acusar de ?traidores? a los acuerdistas y en general por sobre los contenidos de los acuerdos se juzgan a los actores del mismo. La vocación agonal de la sociedad penetra en el sistema político que no logra procesar esa presión (y muchas veces se ve obligado a cerrar pactos en penumbra). Una parte de la responsabilidad de tal limitante cultural del sistema, son los propios actores políticos que no cultivan el habito del buen decir, ni del reconocimiento a las tareas del otro, ni siquiera a la diferenciación sutil, por tanto van instalando en el imaginario público la imposibilidad de acordar con un adversario al que previamente se lo ha descalificado.

Como consecuencia de la primacía del conflicto, las expresiones políticas testimoniales, siempre tienen reservada una platea cómoda, porque descartado el acuerdo entre las posiciones mayoritarias, pueden siempre reservarse el rol de  árbitro, aún siendo manifestaciones muy minoritarias. Ello constituye un enorme e irresponsable atractivo por ocupar un lugar pequeño del electorado, casi siempre para dudosas maniobras.

3.- Espectacularidad-novedad. La deslegitimación de la política (desde todos los lugares posibles) y el enfoque de producto destinado a un mercado consumidor, trae aparejado una ventaja relativa a ?las expresiones políticas nuevas?, las que obviamente solo pueden sostener tal carácter por un tiempo, pasado el cual se necesita construir ?algo más nuevo?. El reciclado permanente de organizaciones políticas, le quita al sistema político su necesario sentido de historicidad. Es necesario que el sistema político se asuma imperfecto pero reflexivo, para evitar la frivolización de la política. Las novedades deben centrarse en las propuestas, en los nuevos temas de agenda, en los nuevos abordajes, pero no necesariamente en la creación de isologos.

4.- Des-profesionalización. Comparado con la década del 80, el sistema político dio cuenta de su debilidad cuando de modo masivo en los años 90 acudió a liderazgos de otros espacios sociales (la cultura, los medios, el deporte, etc), como herramienta de competencia política, degradando las bases del equilibrio entre permeabilidad y profesionalización política. Un sistema político totalmente impermeable es igual de débil que otro que no puede administrar la presión de otros espacios (como es el caso argentino). Las democracias avanzadas, han hecho de la profesionalización política y la articulación de intereses diversos una fuente de sus fortalezas, y los liderazgos sociales alternativos solo pueden influir a la política desde afuera de la misma. Profesionalizar la política es también discutir sobre el costo del financiamiento del sistema de partidos y constituiría la piedra basal de la reconstrucción real del mismo.

5.- La representación imposible. El descrédito de la actividad política (no siempre justamente evaluada) lleva al callejón sin salida de la ?representación imposible?, no exclusivamente por incumplimientos del representante, sino también por desafección de los representados. No se trata de una enfermedad del sistema político sino un problema vincular que tiende a encapsular al sistema político dentro de una ?lógica de códigos? incomprensible por parte de la ciudadanía. La politización necesaria implica la lucha contra los lugares comunes de la deslegitimación de lo público y la introducción de pautas novedosas (y no meramente formales) de apertura a la sociedad civil.